La administración tributaria adopta medidas en forma de inspecciones encubiertas, compras de incógnito, inspecciones de cajas registradoras por parte de la policía fiscal y auditorías externas.
Si el uso de terminales punto de venta (TPV) es obligatorio y el empresario no dispone de uno, o si el TPV carece de un sistema de seguridad técnico a partir del 1 de abril de 2017, ello constituye una infracción fiscal y se sancionará con una multa de hasta 5 000 €.
Existe asimismo el riesgo de que se ponga en duda la veracidad de los libros y registros contables, lo que puede llevar a que las autoridades fiscales estimen las bases imponibles. En casos graves, se corre el riesgo de que se presente una denuncia en virtud de la legislación penal financiera.
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